Política

La nota de la DW, Sotelo, la traición a la patria, blindaje mediático y amenazas a la libertad de expresión

Una información difundida el jueves por el canal de televisión público alemán Deutsche Welle acompañada de una entrevista al exrelator para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) Edison Lanza encendió la mecha: ¿está amenazada la libertad de expresión en Uruguay?

La periodista Jenny Pérez, presentadora de DW en Español, comenzó el espacio haciendo referencia a que “hasta hace muy poco” Uruguay figuraba en las evaluaciones internacionales sobre libertad de prensa y de expresión como una de las excepciones en el continente, pero que la intención del gobierno de aprobar una nueva ley de medios “ha encendido las alarmas de periodistas y defensores de la libertad de prensa y expresión”. Eso lo mezcló luego con un reporte reciente del Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo), una organización fundada por Lanza pero que ya no integra, que denunció que en el último año hubo 49 amenazas a la libertad de expresión de periodistas en Uruguay, un incremento respecto a las 26 registradas el año anterior. Acto seguido, Pérez dio paso a la entrevista y preguntó de dónde surgían esas amenazas.

En línea con lo que afirma el informe de Cainfo, Lanza –experiodista uruguayo que desarrolló buena parte de su carrera en Búsqueda y antes en El Observador– señaló que existen restricciones en el acceso a la información pública: “Hay una creciente tendencia a mantener muchos temas y documentación importante en el ámbito de la opacidad”. Luego se refirió a hostigamientos a periodistas a través de redes sociales, tanto de funcionarios públicos como de militantes. “El clima se ha enrarecido notoriamente”, apuntó.

Pérez continuó preguntando quiénes son los amenazados, mencionó el caso del periodista Eduardo Preve, despedido de canal 10 el mes pasado, y dijo que según la Asociación de la Prensa Uruguaya su desvinculación laboral fue “por intervención directa del gobierno”, a lo que Lanza respondió que, aunque no tenía información confirmada, de acuerdo a la versión del sindicato “habría habido algún tipo de presión” desde el Poder Ejecutivo.

La entrevista finalizó con una pregunta sobre el nuevo proyecto de ley de medios impulsado por el gobierno, que está a estudio del Parlamento, y Lanza puntualizó su preocupación por la mayor concentración de frecuencias de radio y televisión que podrá tener un mismo dueño, en caso de aprobarse el texto.

Entonces, vuelvo a la pregunta inicial: ¿está amenazada la libertad de expresión en Uruguay? ¿Uruguay era “hasta hace muy poco”, como dijo Pérez, una referencia en el continente y dejó de serlo? ¿Los periodistas somos menos libres a la hora de hacer nuestro trabajo en este gobierno que en los anteriores?

De acuerdo al ranking elaborado anualmente por la organización internacional Reporteros Sin Fronteras, Uruguay se sitúa en 2021 en el puesto 18 del mundo, uno más arriba que en 2020. Por ese lado, entonces, no se ve un empeoramiento. No ven lo mismo que ve Cainfo. El problema es que Cainfo incluye los rechazos de pedidos de acceso a la información pública como una amenaza a la libertad de expresión, cuando en realidad son una barrera al trabajo de los periodistas, una restricción a un derecho democrático de toda la sociedad, pero no una amenaza. La prensa puede seguir trabajando a pesar de no tener esa información. ¿Y cuántos pedidos de acceso a la información pública sí fueron contestados? No lo sabemos. Entonces, puede ser simplemente cuestión de hacer más pedidos de acceso a la información, tener más rechazos (en números absolutos) y, con eso, mostrar que la libertad de expresión está en peligro. Es poco serio. Lanza, que es un experto de alcance internacional en la materia (y hago una aclaración a los lectores; trabajé con él un año y medio en la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, y más allá de algunas diferencias de enfoque, existe un aprecio personal), fue cauto cuando se refirió a ese tema y no utilizó la palabra “amenaza”.

Con la perspectiva de lo que pasa en todo el continente, conociendo de primera mano lo que ocurre en México, en casi todo Centroamérica, en Venezuela e incluso en Estados Unidos, supuestamente el país de la libertad, lo que sucede en Uruguay es ínfimo. Pero es cierto que no por ello hay que dejar de preocuparse si aparece alguna luz amarilla que haga que la situación empeore, así y todo siga siendo luego uno de los países del continente con mayor libertad de expresión.

A continuación, Lanza se refirió al hostigamiento a periodistas de parte de funcionarios públicos y militantes políticos. Una que ha llevado la delantera en denostar periodistas ha sido la senadora nacionalista Graciela Bianchi. Así lo hizo con cada periodista que publicó algo que le disgustó, e incluso catalogó a un informe del corresponsal de CNN en Español en Uruguay, Darío Klein, como “traición a la patria”. Y no fue un episodio aislado, sino que ha protagonizado varios.

Algunos creen que es irrelevante lo que pueda decir Bianchi, pero no lo es. El discurso que busca señalar a periodistas, cuando proviene de funcionarios públicos, es considerado una amenaza real a la libertad de expresión, no solo porque intenta intimidar a los trabajadores de la prensa, sino porque puede alentar la violencia –incluso física– de parte de militantes hacia esos periodistas señalados.

No es que los periodistas no podamos ser cuestionados. Tenemos clarísimo que somos escrutados día a día por el público y está bien que así sea. Pero cuando eso ocurre desde el gobierno, el peso de esos dichos es muy diferente, además de que los gobernantes están sujetos a un escrutinio mayor y tienen que respetar las críticas y cuestionamientos, vengan de donde vengan. Si se lo cuestionaba al expresidente de Ecuador Rafael Correa o a la expresidenta de Argentina Cristina Fernández por hacerlo, ¿por qué no a Bianchi? Mucho más si se tiene en cuenta que es la tercera en la línea sucesoria presidencial después de Luis Lacalle Pou y Beatriz Argimón. No es cualquiera.

Volviendo a la entrevista, siguió con la extraña pregunta sobre Preve. ¿Por qué extraña? Porque el público internacional al que apunta el canal alemán no tiene ni la más pálida idea de quién es, y la consulta fue hecha sin ninguna introducción previa para presentarlo ante la audiencia. Sobre el punto hay muchas especulaciones y pocas certezas, lamentablemente.

Por último, el nuevo proyecto de ley de medios, trancado en el Parlamento por Cabildo Abierto y el Frente Amplio, incluye un tema que sí es una amenaza para la libertad de expresión: el número de frecuencias de radio y televisión que puede tener un mismo dueño, que desde la ley de medios del Frente Amplio está limitado en tres y ahora pasaría a cinco (aunque no hay consenso porque Cabildo Abierto quiere diferenciar Montevideo del interior). Que los medios de comunicación queden en pocas manos es un problema para la democracia, sí. Si tres personas, o tres grupos empresariales, se quedan con todos los medios de comunicación masivos en un país, pueden ponerse de acuerdo entre sí y silenciar determinadas voces. Cuando la propiedad está atomizada, ese riesgo disminuye sensiblemente. Es cierto que hoy en día cualquiera puede tener una cuenta en una red social y decir lo que quiera, o puede abrirse un sitio web sin tener que poner un peso, pero no se puede desconocer el alcance que todavía tienen la radio y la televisión, junto con los grandes medios escritos. Tener una cuenta de Twitter no alcanza para hacer llegar un mensaje, porque puede ser como gritar en una isla desierta.

Pero hay un tema que nunca se menciona: el mayor concentrador de frecuencias radioeléctricas es el Estado nacional, que tiene 59 frecuencias entre televisión (33), radio FM (23) y radio AM (3), según la Ursec. ¿Eso está mal? No, porque tiene esa cantidad de frecuencias para poder llegar a casi todo el territorio nacional. El problema es que para los medios de comunicación privados no hay una distinción entre medios nacionales y medios locales. Los únicos nacionales, por como funciona esa tecnología, son las radios AM. Y ni siquiera todas. Entonces, para la legislación es lo mismo un medio que en los hechos es de alcance nacional (no porque la frecuencia otorgada se lo haya dado, sino porque llegan por cable, por alguna repetidora o por internet) y una radio que atiende a una comunidad de 2.000 habitantes. Todas las licencias cuentan como una, sin distinguir la importancia de que existan medios de alcance nacional y también aquellos bien locales. La concentración de medios, en definitiva, es una luz amarilla que se enciende para la libertad de expresión. Pero está abordada con criterios disímiles en Uruguay, la ley de medios vigente no abrió el juego a nuevas voces, y además hay casos en los que la norma directamente se evade y esos límites no se cumplen.

En este contexto surge además el repetido eslogan de “blindaje mediático”, una supuesta confabulación entre los grandes medios de comunicación para no dar noticias que afecten al gobierno. El comentario lo hacen militantes de izquierda anónimos y no dirigentes políticos, por lo que es de una relevancia menor. Pero tratar de imponer el relato de un “blindaje mediático” tiene que ver más con querer que la realidad confirme los prejuicios de cada uno que con la realidad como tal. La situación crítica del país en cuanto a la pandemia, por ejemplo, es informada a diario, y se ven cuestionamientos y posturas diferentes a las del oficialismo en todos los medios locales. Algunos pondrán más énfasis en algunas cosas, otros en otras, sí, pero diferentes puntos de vista son puestos sobre la mesa del debate público y democrático.

El director del Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional (Secan), Gerardo Sotelo, calificó el informe de “injusto y mentiroso”, y de “una mezcla de frivolidad y mala praxis periodística pocas veces vista”. Esto fue seguido por comentarios de otros integrantes del gobierno, que cuestionaron al medio alemán.

Sotelo, horas más tarde, amplió sus dichos y apuntó contra Lanza por ser asesor del intendente de Canelones, el frenteamplista Yamandú Orsi (algo que la Deutsche Welle nunca aclaró): “El informe de la DW en Español es de tal gravedad que puede alentar reacciones severas fuera y dentro del país, ya que si estuviera amenazada la libertad de expresión lo estaría también la democracia. Yamandú Orsi y el MPP deben aclarar si alientan o avalan estas operaciones de sus voceros y amigos”.

Lanza dijo este lunes a través de Twitter que sus expresiones en la entrevista no habían sido consultadas con Orsi y que no lo involucraban, y agregó que no dijo que la libertad de expresión en Uruguay estuviera amenazada, sino que habló de problemas existentes.

Tras estas declaraciones, Sotelo puso “punto final” a la discusión.

Y siguiendo con Sotelo, en torno a su gestión están los 49 periodistas cuyos contratos no fueron renovados el año pasado, sobre los cuales no se conocen los criterios aplicados para ser cesados. Según el presidente de APU, Fabián Cardozo, todos tenían una buena evaluación, y la dirección del Secan se limitó a decir que quería darle una nueva impronta a la programación. Sotelo puede argumentar que a esos 49 comunicadores se los había contratado sin concurso ni criterios claros, muchos de ellos cuando llegó el Frente Amplio al poder. Y tendría razón. Pero es necesario blindar a los medios públicos del poder de turno, incluso de quien dice querer venir a hacer las cosas bien.

En el espacio de la Deutsche Welle no se hicieron las cosas bien, pero todos los periodistas hemos tenido alguna nota fallida. El diputado nacionalista Juan Rodríguez, que preside la Comisión de Asuntos Internacionales de la cámara baja, le transmitirá un reclamo al embajador de Alemania en Uruguay por la calidad periodística del informe, según publicó El País este lunes. Los políticos a la política, los periodistas al periodismo. Los políticos no son los más indicados para juzgar cómo hacen su trabajo los periodistas. Más aún, no es un asunto de Estado qué diga un medio de otro país sobre Uruguay, y mucho menos un asunto diplomático. En todo caso, transmitirle ese mensaje al embajador solo confirmaría el interés del oficialismo por interferir en lo que difunden los medios de comunicación, intentando llamar al orden a los periodistas de la DW por discrepar con lo que ellos plantean, hablando directamente con el dueño del medio, el Estado alemán, para que los ponga en capilla.




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