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feroces combates entre tropas chavistas, guerrilla y narcos

La frontera entre Colombia y Venezuela se convirtió en un escenario de guerra con sangrientos enfrentamientos armados entre tropas del Ejército venezolano y milicias de grupos guerrilleros disidentes de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), que se disputan el control de la ruta del narcotráfico. Los combates ya provocaron la muerte de al menos 16 militares y decenas de guerrilleros, así como el desplazamiento de más de 6.000 pobladores que huyen de la violencia.

El Ministerio de Defensa de Venezuela confirmó en las últimas horas la muerte de otros ocho soldados, que se suman a los otros ocho que murieron la semana pasada. El gobierno de Caracas va dando las cifras en forma muy espaciado, ante la presión de la oposición, y evita dar información precisa sobre lo que esta ocurriendo en el estado de Apure, que limita con el departamento colombiano de Arauca. Se cree que el número de víctimas es bastante más elevado del que afirman las autoridades.

“El régimen de Nicolás Maduro ha utilizado la Fuerza Armada Nacional para involucrarse en el conflicto interno de las FARC”, afirmó Tomás Guanipa, el representante en Colombia del líder opositor Juan Guaidó. “Es absolutamente vergonzoso para los venezolanos que nuestra Fuerza Armada Nacional sea utilizada para dirimir un conflicto interno de una guerrilla terrorista y no para expulsar a todos los irregulares”, apunta.

Tanto en Arauca como en Apure hay varios grupos armados colombianos operando, la gran mayoría vinculados a narcotraficantes que utilizan el territorio venezolano como salida de la droga que se produce en Colombia. Cuentan con entrenamiento militar y armamento moderno, de alto poder de fuego.

Un soldado colombiano patrulla la frontera con Venezuela. Foto AFP

Un soldado colombiano patrulla la frontera con Venezuela. Foto AFP

“Más de la mitad del producto ilícito de Colombia pasa por el territorio de ese país vecino (Venezuela). Los narcotraficantes han decidido que es la ruta más económica y eficiente”, explicó al diario El Tiempo el subsecretario de Estado para Asuntos Antinarcóticos de Estados Unidos, William Brownfield.

En la región actúa el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las dos agrupaciones disidentes de las FARC: el Frente Décimo Martín Villa y Segunda Marquetalia, que se separaron de la organización disconformes con el acuerdo de paz. También tienen presencia en Apure las Fuerzas Patrióticas de Liberación Nacional (FPLN), un grupo armado venezolano que se originó en la década del 90.

Estos grupos armados actúan como un tercer Estado ante la falta de presencia institucional en la zona. En la pelea por el dominio de la producción y transporte de droga ejercen una violencia permanente sobre la población civil, gran parte campesinos, utilizando las amenazas, el secuestro, la extorsión, los asesinatos e, incluso, el trabajo forzado.

Sospechas

A principios de marzo pasado el gobierno de Maduro envió tropas de las Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y de las temidas FAES, comandos policiales denunciados por ejecuciones extrajudiciales y torturas en Venezuela.

El blanco de las tropas venezolanas es la agrupación Frente Décimo Martín Villa, que está enfrentado con Segunda Marquetalia, liderada por Iván Márquez (Luciano Marín Arango) y Jesús Santrich. La oposición venezolana y las autoridades colombianas denuncian que en realidad el régimen de Maduro está protegiendo a sus “aliados” de Segunda Marquetalia y eliminando la competencia del Frente Martín Villa.

“Lo que estamos viviendo es una guerra entre mafiosos. El régimen de Maduro representa una amenaza para la seguridad regional”, afirmó la vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez.

Carlos Vecchio, delegado ante Washington de Guaidó, sostiene que “Maduro disfraza su pugna entre gangsters, un pase de factura entre carteles del narcotráfico, bajo una falsa defensa del Estado”. “Luego de consentir la presencia de estos grupos terroristas, los funcionarios de la Fuerza Armada son usados como carne de cañón”, agrega.

La situación en la zona es tan dramática que más de 6.000 pobladores rurales tuvieron que huir. Human Rights Watch (HRW) entregó esta semana a la Corte Penal Internacional (CPI) y a Naciones Unidas información sobre “abusos aberrantes” cometidos por las fuerzas militares venezolanas en Apure.

En concreto, la organización entregó a los dos organismos internacionales un informe en el que documenta la ejecución extrajudicial de campesinos de Apure, torturas, detenciones arbitrarias y el procesamiento ante tribunales militares venezolanos de civiles a los que se les acusa de colaborar con grupos armados.

“Las investigaciones de Human Rights Watch han demostrado que las fuerzas de seguridad venezolanas y otras autoridades han tolerado a grupos armados que operan en Apure y, en ocasiones, han actuado en connivencia con ellos”, afirma HRW.

Un reciente informe del venezolano Instituto Samuel Robinson para el Pensamiento Original revela que la violencia en Apure sería producto de “un movimiento expansivo de la industria del narcotráfico, cuya magnitud de onda busca nuevas vías de articulación entre Colombia y Estados Unidos”.

Fuente: AFP, AP y EFE

PB​


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