Uruguay

Jueza ordenó autopsia histórica en asesinatos a personas trans de 2012

La jueza Isaura Tórtora que indaga si el hombre imputado por las amenazas del Comando Barneix es autor de los cinco asesinatos a personas trans cometidos en 2012 ordenó realizar una autopsia histórica, dijeron fuentes judiciales a El Observador. El médico forense Guido Berro será el encargado de llevar adelante el estudio para el cual revisará todas las autopsias realizadas a los cinco cuerpos e intentará sacar nuevas conclusiones

El estudiante avanzado de Medicina de 30 años al que la fiscal Sylvia Lovesio le incautó más de un millón de archivos en el marco de una investigación sobre pornografía infantil, se adjudicó en un blog los asesinatos. A partir de ello, Nelson Do Santos, en ese entonces subrogante de la jueza Isaura Tórtora, decidió desarchivar el caso por la ola de asesinatos a personas trans

Además, este jueves se le tomará declaración a un hombre con quien el indagado mantenía conversaciones vía whatsapp en las que hizo mención a estos casos. Pero no se trata de una citación regular, si no que, a pedido de la magistrada, participará un semiólogo del Ministerio del Interior. El propósito es que estudie las reacciones del interrogado durante la comparecencia y no perder ningún insumo que pueda servir a la investigación. 

Estos métodos de investigación poco usuales han sido utilizados por la Justicia en algunas ocasiones para intentar echar luz sobre casos difíciles de probar. La autopsia histórica por ejemplo, se utilizó en el caso del asesinato de los siete militantes del Partido Comunista ocurrido en 1972. En un trabajo sobre ese caso, los médicos integrantes del Departamento de Medicina Legal de la Facultad de Medicina, Hugo Rodríguez y Fernando Verdú, explicaron que se trata de «una investigación médico-legal de las causas y las circunstancias de una muerte con interés histórico, sustentada en la interpretación crítica, armónica, jerarquizada y objetiva del conjunto de la información aportada por documentos y testimonios, cuando no se tuvo acceso directo al cadáver o los restos óseos».

La directriz principal de la investigación es llegar a conocer al indagado a fondo, para finalmente poder interrogarlo con todos los elementos sobre la mesa y eventualmente poder probar su culpabilidad. Encausados en ese camino, este martes se le tomó declaración a los padres y hermano del indagado, para poder saber de primera mano cuál era el contexto familiar del imputado. 

Con el mismo fin, la jueza dispuso la instalación de una Junta Médica Psiquiátrica que estudie si se trata de una persona imputable, pero fundamentalmente para que se le pueda dar un pantallazo general de su personalidad y lo que es capaz, o no, de hacer por sus rasgos. Todavía no hay fecha prevista para realizarle el estudio porque esta tarea corresponde al Instituto Técnico Forense, que actualmente está de paro. 

Asuntos Internos del Ministerio del Interior y el Departamento de Homicidios Complejos también trabajan en el caso. También participa el fiscal Luis Pacheco que es quien pidió el procesamiento del hombre por violencia privada a raíz de las amenazas del comando Barneix de 2017. 

El imputado amenazó al exministro de Defensa Jorge Menéndez, el fiscal de Corte Jorge Díaz, el exjuez Federico Álvarez Petraglia, la exfiscal Mirtha Guianze y abogados promotores de causas de derechos humanos como Óscar López Goldaracena y Pablo Chargoñia.

Pacheco lo encontró presuntamente responsable de los mails anónimos remitidos en enero de 2017. El texto decía que por “cada suicidio” de militares perseguidos judicialmente, se asesinaría a tres de esa lista, elegidos al azar. La intención era tomar “venganza” por el suicido del militar Pedro Barneix, procesado con prisión por la jueza Beatriz Larrieu en 2015 por su responsabilidad en el asesinato de Aldo Perrini en 1974 durante la dictadura uruguaya (1973-1985). 

Barneix se quitó la vida antes de ser detenido. La Fiscalía entendió que la intención del hombre era obligar a los amenazados a “tolerar, hacer o dejar de hacer determinadas conductas en el ámbito de sus competencias”, excediendo así la mera amenaza.

Según surgió de la indagatoria, el hombre había creado en sus blogs una micronación denominada imperio céltico en la que “reivindicaba a militares procesados» y condecoró a los generales (Miguel) Dalmao y (Pedro) Barneix, otorgándoles el título de duques. El acusado eligió no declarar ante la Justicia por este caso.

En la causa que lidera la fiscal Lovesio, fue imputado por almacenamiento y distribución de pornografía infantil, instigación pública a delinquir, apología del delito, e incitación al odio.




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