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Uruguay se confirma ante el mundo como racista

Juan Méndez, uno de los expertos argentino de este mecanismo y con trayectoria en organismos internacionales de derechos humanos, lamentó la ausencia de representantes del Estado uruguayo y puso a disposición dicho mecanismo para dialogar sobre estos temas en otras oportunidades o cuando las autoridades tomen la iniciativa.

En la instancia regional estuvieron presentes representantes de organizaciones sociales y del Estado de países de América, tanto de manera presencial como a través de videoconferencia. Los integrantes de las organizaciones hicieron planteos sobre la situación en sus países. Los abusos policiales y parapoliciales y la situación en las cárceles fueron temas recurrentes en diversas presentaciones.

¿Hay esperanza para Uruguay?

Organizaciones sociales uruguayas abocadas a estos temas reclamaron la participación de Uruguay estatalmente y el trato de estos temas a nivel país.

Orlando Rivero, que concurrió en representación de la Coordinadora Nacional Afrouruguaya (coalición de organizaciones de la sociedad civil afrodescendiente a nivel nacional) y presentó un informe referido a la situación de la población afro en las cárceles uruguayas. Allí informó que hay una sobrerrepresentación de la población afro en las cárceles, que muestra una situación de criminalización de la población afro y el impacto del racismo en la sociedad uruguaya. “El sistema judicial discrimina a la población afro. La probabilidad de una persona negra de terminar presa es de 710 cada 100 mil y es de 210 cada 100 mil en personas no afro”, cuestionó.

Consultado por La Diaria, Rivero destacó la creación de este organismo especializado en la estructura de la ONU. “Es una victoria política del movimiento regional afro y de derechos humanos, implica un combate a la necropolítica que el racismo y la discriminación imponen en países como Brasil, Colombia, Estados Unidos y Chile, o los casos de los sesgos raciales imperantes que llevan a un encarcelamiento masivo, como los denunciados de Uruguay y Perú”, destacó.

El mecanismo fue creado en 2021, luego del informe de la alta comisionada sobre la justicia racial y la igualdad, que propuso una agenda de cuatro hitos para erradicar el racismo sistémico y las violaciones de derechos humanos cometidas por agentes del orden contra las personas africanas y afrodescendientes. Se promueve un cambio transformador en favor de la justicia y la igualdad raciales, investigar la respuesta de las autoridades a las protestas pacíficas contra el racismo y a todas las violaciones de derechos por etnia; y contribuir a la rendición de cuentas y la concesión de medidas de reparación a las víctimas.

Rivero explicó además que la expectativa es modificar la aplicación de “medidas de restricción y acoso en la que viven los afrodescendientes” y que “agrava la problemática estructural del racismo en nuestros países”. Sobre la ausencia de representantes del Estado uruguayo, Rivero apuntó que el hecho se suma a la no participación del gobierno en la conmemoración de la conferencia de Durban (Conferencia Mundial contra el Racismo) y la “carencia de políticas concretas para afrodescendientes”.

Por otro lado, Nira Pose presentó un informe en representación de la organización Mizangas, organización feminista y antirracista de mujeres afrouruguayas fundada en 2006 con base en Montevideo, en el que respondió a una serie de consultas de los expertos. Como por ejemplo, a la situación del acceso a la justicia por parte de la población afrodescendiente, si hubo medidas de reparación y qué voluntad política existe para eso.

El informe se señaló que Uruguay “cuenta en este momento con un Estado de derecha neoliberal, militarista” y “se están destapando grandes casos de corrupción”, además de que “imponen una ley de represión” (en referencia a la ley de urgente consideración) que va en contra de los derechos humanos”.

https://twitter.com/ONU_es/status/1605971435389870080

La población afrodescendiente en nuestro país triplica los índices de pobreza. Si miramos la situación de las personas trans, se agravan las condiciones de discriminación. No hay reparación, es un concepto que se está levantando desde las organizaciones afrouruguayas”, dijo Pose.

“Creemos que es sumamente importante que el Estado aborde y sea parte de la agenda contra el racismo. No es la primera vez que no participa el Estado uruguayo en asuntos sobre los derechos de las personas afrodescendientes. Creo que la voluntad política se describe en esa ausencia”, explicó Pose.

Por su parte, estuvo Adriana Martínez, representando a la organización Colectiva Mujeres; organización integrada por feministas diversas, que luchan contra el racismo, el sexismo y la discriminación. Quien dijo a La Diaria que es evidente que a nivel de gobierno “no hubo interés en participar ni en priorizar” este nuevo mecanismo, “porque no se envió a alguien ni siquiera de rango medio”.

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