Política

policía intervino en manifestación antivacunas e indagan a organizadores

“No seas parte del rebaño, respirá libre, con doble tapabocas cometés un doble error”, le advirtió este viernes un manifestante antivacunas al periodista Marcelo Umpiérrez luego de que un grupo de 100 personas, reunidas sin tapabocas en la plaza San Fernando (Maldonado), se aglomeraran para protestar contra la pandemia de coronavirus.

La manifestación, inspirada en el movimiento “Caravana de la Verdad”, ocurrió sobre el mediodía de este viernes cuando varios integrantes del grupo No más mentiras encabezaron un acto contra la vacunación, sin respetar los protocolos sanitarios, en el centro de la ciudad. La policía, expectante, intervino después de varios minutos, con la presencia del jefe de Policía, Julio Pioli, y este sábado el episodio se repitió minutos antes de la audiencia de formalización de los tres organizadores detenidos, Javier Sciuto, Fernando Vega y Fernando Ferreira, y la llegada del abogado defensor Enrique Viana y Gustavo Salle al Centro de Justicia.

Los tres implicados, que también interrumpieron la circulación de vehículos, fueron citados por un “delito de desacato agravado” tras ser advertidos –hasta en dos ocasiones– de incumplir las medidas sanitarias vigentes, establecidas por el Poder Ejecutivo a raíz de la pandemia. En estos momentos, la audiencia continúa desarrollándose, con Viana y Fernando Torres como representantes de los indagados.

Salle, sin embargo, no recibió ninguna notificación de parte de las autoridades hasta este sábado. De hecho, ni siquiera participó del acto por cuestiones de “enfoque” y “diferencias tácticas”, aunque sobre las 22 horas dio un discurso frente a Fiscalía y este mediodía también se reunió con sus seguidores.

“Yo entendía que mi figura estaba en el ojo del huracán, en virtud de la estigmatización que algunos periodistas habían realizado respecto a mi persona, y por lo tanto corría riesgo de ser formalizado. En segundo lugar, y esto es lo más importante, ellos (por Sciuto, Vega y Ferreira) pidieron que yo invisibilizara mi partido político en formación, que es Identidad Soberana. Y en tercer lugar, tengo diferencias de enfoque sobre cuál debe de ser el posicionamiento de quienes estamos denunciando ‘la plandemia’ con respecto al gobierno. Ellos de alguna manera no dinamitan los puentes, como les gusta decir a ellos, y yo entiendo que es una situación irreconciliable, y por lo tanto soy partidario de una mayor confrontación. Entiendo que no hay puentes entre el gobierno y nuestra posición, o mejor dicho: mí posición, la de mi partido”, dijo a Montevideo Portal.

Este sábado, enfrente al edificio de Justicia, Salle, entre besos, abrazos, saludos de militantes a la distancia y carteles contundentes que pedían “Libertad para los presos políticos del dictador Luis”, se dirigió a su público en un envalentonado discurso –donde algunos manifestantes mostraron molestias por la actuación de la policía que, entienden, detuvo injustamente a sus líderes y no disolvió la pasada marcha del 8 de marzo, en conmemoración al Día de la Mujer– y recibió la advertencia del subjefe de Policía fernandino, Jorge Guerra, previo a la audiencia.

“Estamos en un procedimiento. Está la gente que le responde a usted aglomerada y necesitaríamos que tomen las medidas necesarias, justamente, para no estar aglomerados“, le alertó. “Yo lo voy a transmitir y lo vamos a hacer porque otro en cana no queremos. Vamos a dispersarnos y ver cómo armamos la cosa para tener una presencia compatible con la función de ustedes, con el rol nuestro y con una situación nacional que nos afecta a todos“, respondió el abogado, según mostró la periodista Laura do Carmo Iraola en su cuenta de Twitter.

El caso está a cargo de la fiscal Ana Dean, quien analiza un posible delito de desacato bajo el argumento de que Fiscalía tiene la “evidencia suficiente para pedir la formalización de la investigación” dijo. Para que esto se concrete, la Justicia debería entender que los organizadores de la manifestación –que no tienen antecedentes penales– desobedecieron abiertamente al mandato legítimo de un funcionario público. De ser así, podrían ser castigados con hasta 18 meses de prisión, aunque el Código Penal también tiene una salvedad para estos casos: “Nadie será castigado por manifestar su discrepancia con el mandato de la autoridad”.

 

 




Fuente

Publicaciones relacionadas

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba