Política

Pedirán imputar a nueve trabajadores que ocuparon fábrica de Friopan en 2019 y generaron daños

El fiscal de Flagrancia Carlos Negro solicitó una audiencia al Poder Judicial para pedir la imputación de nueve de los trabajadores de Friopan que a fines de mayo de 2019 ocuparon la fábrica durante cuatro días y ocasionaron daños en la operativa y la materia prima de la empresa.

Según informaron a El Observador fuentes judiciales, el caso había sido analizado por la fiscal Silvia Pérez, quien en su momento entendió que los empleados no habían cometido delito, por lo que había resuelto el archivo. La defensa de la empresa, amparada en una disposición del nuevo Código del Proceso Penal (CPP), solicitó que se reexaminara la causa.

Sin embargo, el fiscal Negro entendió que sí había elementos como para pedir el inicio de una investigación penal por daño agravado, aunque coincidió con su colega en que no había mérito como para solicitar la imputación por otros ilícitos, como la apropiación indebida, violencia privada o amenazas, ya que en ese entonces uno de los operarios sindicalizados presionó a otro trabajador que se opuso a la medida y difundió un video contando de la situación.

Las fuentes agregaron que, en la audiencia de formalización, el fiscal Negro no pedirá medida cautelar de prisión, debido a que, entre otros argumentos, el delito que se buscará imputar no es grave. En el 359 del Código Penal se define que una de las agravantes del delito de daño es que se cometa “con violencia o amenazas o por empresarios con motivo de paros o por obreros con motivo de huelga“, y en ese caso puede castigarse con hasta seis meses de prisión.

La medida había sido tomada a partir del 28 de mayo de 2019 por parte de 38 operarios, con apoyo de la Mesa Coordinadora del Pan. En tanto, otras 77 personas que no estaban sindicalizadas no pudieron trabajar durante los cuatro días que duró la huelga, porque se impidió el ingreso a las instalaciones.

Días después, Adolfo Fernández, uno de los propietarios de la empresa, dijo a El Observador que, a su entender, el motivo de la medida había sido “el rumor de una posible reestructura” tras la incorporación de nueva maquinaria. Y afirmó que más allá de las pérdidas económicas el daño era “incalculable”. Dijo que se perdieron clientes, ventas y materia prima en proceso. También se había perdido un día para volver a poner en condiciones la maquinaria que hubo que desarmar para limpiar.

“Hubo violación de la cámara de stock, de otra donde se guarda materia prima, hubo cámaras de circuito cerrado de televisión que se taparon y otras que las dieron vuelta. Entró gente que no era de la empresa, incluso hubo niños”, dijo Fernández.

“Había gente que quería entrar a trabajar, no pudieron y perdieron el jornal del viernes, sábado, lunes y martes”, relató el empresario. Estas personas enviaron una carta al Ministerio de Trabajo expresando que querían ejercer su derecho a trabajar y que se oponían a la medida. “En el ministerio les dijeron que no tenían derecho a nada”, dijo el empresario.




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