Política

Oposición chilena presenta acusación para destituir a Piñera por Papeles de Pandora

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Diputados de todos los partidos de la oposición chilena
presentaron este miércoles en el Congreso una acusación para destituir al
presidente Sebastián Piñera por la polémica venta de una minera en un paraíso
fiscal revelada en los Papeles de Pandora.

Piñera usó «su cargo para negocios personales»,
dijo el diputado Tomás Hirsch al presentar la acusación en la Cámara Baja,
primer paso del proceso de destitución que podría prolongarse varias semanas.

Esta acusación constitucional, que según el presidente
conservador chileno «no tiene fundamento alguno», se suma a una
investigación penal abierta por la Fiscalía hace cinco días por la misma
operación: la venta en 2010 de la Minera Dominga por parte de una empresa de
los hijos de Piñera cuando cumplía su primer mandato (2010-2014).

Ahora la Cámara de Diputados, controlada por la oposición,
deberá decidir si aprueba o rechaza la acusación, una votación que se realizará
la primera semana de noviembre, según explicaron fuentes del Congreso a la AFP.

De recibir luz verde, la causa pasaría al Senado, que
tendría que actuar como jurado para sellar la suerte de Piñera, cuyo segundo
mandato, iniciado en marzo de 2018, culmina el próximo 11 de marzo.

Está previsto que el proceso de destitución en el Congreso
se defina antes de las elecciones del 21 de noviembre, en las que será elegido
el próximo presidente y renovado el Congreso.

El gobierno acusó a la oposición de presentar «una
acusación sin fundamento jurídico» en busca de réditos políticos. «Es
lo más sucio de la campaña electoral», afirmó el ministro portavoz, Jaime
Bellolio, insistiendo en la inocencia de Piñera.

La publicación de los Papeles de Pandora colocó en
entredicho a Piñera, uno de los hombres más ricos de Chile, quien se defendió alegando
que abandonó la administración de empresas en 2009, antes de asumir su primer
Gobierno, por lo que no participó en la venta de Dominga.

Según una investigación de los medios locales CIPER y LaBot,
parte de los Papeles de Pandora del Consorcio Internacional de Periodistas de
Investigación (ICIJ), la Minera Dominga fue vendida al empresario Carlos
Alberto Délano, amigo íntimo de Piñera, por 152 millones de dólares, un negocio
sellado en parte en las Islas Vírgenes Británicas.

El pago de la operación se tenía que hacer en tres cuotas, y
contenía una polémica cláusula que supeditaba el último pago a «que no se
estableciese un área de protección ambiental sobre la zona de operaciones de la
minera, como reclamaban grupos ambientalistas».

El gobierno de Piñera, según la investigación, acabó por no
proteger la zona de la mina, por lo que se efectuó el tercer pago.

«Yo creo que [la acusación] es lo más pertinente porque
se supone que como presidente debería ser el ejemplo para la sociedad
chilena», dijo a la AFP Gabriela Soto, estudiante de periodismo de 20
años.

«Realmente los políticos, de ambos lados, han hecho el
ridículo ante la gente, la clase política está podrida», indicó por su
parte Alfonso, un pensionado de 70 años.

Proyecto minero y portuario

El presidente asegura que al haber puesto sus activos bajo
fideicomisos ciegos en 2009 no tuvo conocimiento de la venta de Minera Dominga.
Además, sostuvo que este tema es una «cosa juzgada», pues los hechos
«fueron investigados en profundidad» por la Fiscalía y sobreseídos
por los tribunales en 2017.

Sin embargo, la Fiscalía aclaró el viernes que no hay
«cosa juzgada» porque esta venta no estuvo «expresamente»
incluida en esa causa.

El proyecto minero, aprobado por un tribunal regional pero
pendiente de recursos por la Corte Suprema, incluye la explotación de dos minas
a cielo abierto -de hierro y de cobre- en el desierto de Atacama, en la región
de Coquimbo, a 500 km al norte de Santiago.

También contempla la construcción de un puerto de carga de
minerales cerca de un archipiélago donde existe una reserva nacional que
contiene el 80% de la especie pingüinos de Humboldt, además de otras especies
protegidas.

Contra las cuerdas

Piñera, de 71 años, seguirá en su cargo mientras avanza el
proceso en el Congreso.

Una vez presentada la acusación, la Cámara Baja conformó por
sorteo una comisión investigadora de cinco miembros, que preparará un informe
recomendando o desestimando el pedido de destitución. Piñera puede presentar
sus descargos en forma presencial o escrita.

El grupo quedó integrado por dos diputados oficialistas y
tres opositores, entre éstos la socialista Maya Fernández, nieta del
expresidente Salvador Allende (1970-1973).

Independientemente del dictamen de la comisión, la causa
deberá ser debatida y votada por el plenario de la Cámara de Diputados, donde
la oposición tiene mayoría holgada (83 de los 155 escaños).

Si la Cámara Baja da luz verde, la causa pasará al Senado,
donde la correlación de fuerzas es más estrecha y se requieren dos tercios de
los votos para destituir al presidente.

A fines de 2019, Piñera ya sufrió un intento de acusación
por la violenta represión de las masivas manifestaciones contra la desigualdad,
pero la iniciativa no prosperó.

Piñera es el segundo presidente chileno que encara un
proceso de destitución. El anterior fue Carlos Ibáñez del Campo en 1956, pero
la causa fue desestimada.

Por Francisco Jara para AFP



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