Economía

los masajes y la pérdida millonaria de Gas Sayago pasan a Fiscalía

El Directorio de UTE anunció este martes que elevará a la Fiscalía los detalles de auditoría que encargó a la firma PwC sobre la gestión de Gas Sayago. Según documentación que presentó la empresa estatal, este negocio implicó una pérdida de US$ 213 millones, los cuales se financiaron con aportes por US$ 113 millones por sus accionistas UTE y ANCAP. Los restante US$ 100 millones los puso el privado que dejó el proyecto inconcluso y debió pagar ese multa. 

De todas formas, se aclaró que ese monto (por los US$ 213 millones) no está cerrado, ya que deben agregarse las “eventuales condenas”; Gas Sayago enfrenta demandas por US$ 37 millones. Además, deberá hacerse cargo de retirar los pilotes ubicados en el Río de la Plata que demandarán US$ 8 millones, a lo que hay que sumarle US$ 3 millones de gastos por año en el funcionamiento de la empresa mientras se procede a su liquidación, informó UTE. 

El Observador había divulgado un adelanto de esta auditoría donde se detectaron algunos gastos llamativos en viajes, maestrías y hasta clases de gimnasia laboral y masajes, entre otros. 

Según se desprende de la auditoría, quedó en evidencia que el proyecto “no era viable” desde sus inicios, incluso luego que el proyecto quedara inconcluso en 2015. “No se entiende las razones de fondo para insistir durante 4 años con la permanencia del proyecto, cuando ya estaba demostrado era inviable”. 

PwC detectó la existencia de que UTE o Ancap hubieran aprobado un plan de negocios para la regasificadora y ni siquiera un estudio integrado que combinara la factibilidad del proyecto, el modelo económico financiero y el proceso de toma de decisiones para la adjudicación de los principales contratos. 

“No se entiende que un proyecto de esta magnitud pudiera llevarse adelante sin estudios de viabilidad, análisis de sensibilidad ni evaluación de los principales riesgos, lo que queda demostrados con los resultados obtenidos”, indicó UTE. 

El ente recuerda que la viabilidad del proyecto era la participación de Argentina, algo que en 2012 era claro había quedado por el camino, ya que no aportó el capital para construir la sociedad. Además, en paralelo el gobierno de la época estaba construyendo parques eólicos por más de 1.000 MW, los cuales eran suficientes para abastecer la demanda de energía del país. 




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