19 junio, 2024
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Ley de Género: Apoyo del Sector Legal

URUGUAY – La Asociación de Abogados Penalistas del Uruguay (AAPU) emitió un comunicado este domingo, expresando su “apoyo” a los cambios presentados por el Poder Ejecutivo para la Ley de Violencia Hacia las Mujeres Basada en Género (N°19.580). Este pronunciamiento se produce en un contexto de creciente debate sobre la aplicación de la mencionada ley, que ha sido objeto de críticas y defensas en igual medida desde su implementación.

En su comunicado, la AAPU declara: “Consideramos que las reformas propuestas apuntan, acertadamente, a restablecer las garantías procesales tradicionales de un Estado de Derecho, que se han visto afectadas durante todos estos años por la aplicación e interpretación de normas que han venido generando situaciones de injusticia y manipulación indebida del sistema”. Este pronunciamiento subraya la preocupación de los penalistas respecto a lo que consideran una erosión de las garantías procesales fundamentales.

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, ha remitido al Parlamento un proyecto que introduce varias modificaciones significativas en la Ley de Violencia Hacia las Mujeres Basada en Género. Entre las propuestas destacadas se incluyen penas más severas para quienes presenten denuncias falsas, cambios en el mecanismo de reclamo de reparación económica por parte de las víctimas, y la habilitación para que la parte denunciada presente pruebas en su defensa.

Las modificaciones han sido recibidas con opiniones divididas. Por un lado, defensores de los derechos de las víctimas de violencia de género han expresado preocupación de que estas reformas puedan desalentar la denuncia de casos reales por miedo a represalias. Por otro lado, los penalistas sostienen que estas reformas representan “un avance significativo para el restablecimiento de las garantías para todos los ciudadanos, permitiendo transitar en condiciones de igualdad los procesos”. En este sentido, los penalistas consideran que el proyecto de Lacalle Pou es un paso importante hacia la mejora de la justicia procesal en Uruguay.

La Ley de Violencia Hacia las Mujeres Basada en Género, promulgada en 2017, ha sido un pilar en la lucha contra la violencia de género en Uruguay, proporcionando un marco legal específico para abordar este problema. Sin embargo, su aplicación ha suscitado controversias, con críticas que van desde la presunta vulneración de derechos de los acusados hasta la supuesta insuficiencia de protección para las víctimas. Las reformas propuestas por el Ejecutivo buscan equilibrar estos aspectos, promoviendo un sistema judicial más justo y equilibrado.

El comunicado de la AAPU también menciona la necesidad de una reforma integral del Código del Proceso Penal, señalando que las modificaciones actuales son un paso en la dirección correcta. “Consideramos que esta propuesta de reformas va en línea con la que entendemos deberá inspirar la necesaria e imprescindible reforma del Código del Proceso Penal”, concluye el comunicado. Este llamado refleja una visión más amplia sobre la necesidad de actualizar y mejorar el sistema de justicia penal en su conjunto.

En este contexto, es importante destacar que el debate en torno a la Ley de Violencia Hacia las Mujeres Basada en Género no se limita a las esferas legales y políticas, sino que también refleja tensiones sociales más amplias en Uruguay. La sociedad uruguaya ha visto un aumento en la visibilidad de los casos de violencia de género, así como en las demandas de justicia y protección para las víctimas. Este entorno ha generado un campo de batalla donde las perspectivas sobre la justicia, los derechos y la protección se enfrentan y buscan un terreno común.

El debate sobre la reforma de la Ley de Violencia Hacia las Mujeres Basada en Género y del Código del Proceso Penal también pone de relieve la necesidad de un enfoque más integral y multidisciplinario para abordar la violencia de género. Esto incluye no solo las reformas legales, sino también el fortalecimiento de los servicios de apoyo para las víctimas, la educación y sensibilización sobre la violencia de género, y la promoción de un cambio cultural que desmantele las estructuras de poder que perpetúan la violencia.

La postura de la AAPU, aunque respaldada por una parte del sector legal, también ha encontrado oposición en otros frentes. Organizaciones de derechos humanos y colectivos feministas han expresado su preocupación de que las reformas propuestas puedan retroceder en los avances logrados en la protección de las víctimas. Argumentan que penalizar las denuncias falsas con penas severas podría disuadir a las mujeres de denunciar casos legítimos de violencia por miedo a no ser creídas o a enfrentar consecuencias legales si no se prueba su caso.