URUGUAY – La crisis que atraviesa la industria pesquera uruguaya ha alcanzado niveles críticos, con graves consecuencias tanto para los trabajadores del sector como para la economía nacional en su conjunto. En medio de este escenario desafiante, las cámaras pesqueras del país han levantado la voz, advirtiendo sobre la precaria situación y la urgente necesidad de acciones por parte del gobierno.
Según señalan las cámaras, la importación de pescado congelado desde Argentina se ha vuelto más rentable que la producción local, lo que refleja la profundidad de la crisis que enfrenta la industria en Uruguay. Esta situación, combinada con altos costos operativos y una falta de respuesta por parte de las autoridades, ha llevado a que el 90% de la flota pesquera se encuentre paralizada desde hace tres meses, dejando a casi 3.000 personas sin empleo y con un futuro incierto.
El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) ha respondido con la implementación de un seguro de paro especial para los trabajadores del sector, tras un acuerdo con la Intergremial Marítima de Uruguay. Sin embargo, las críticas persisten, ya que se considera que estas medidas son insuficientes para abordar la complejidad de la crisis.
Tanto la Cámara de Industrias Pesqueras del Uruguay (CIPU) como la Cámara de Armadores Pesqueros del Uruguay (CAPU) han expresado su preocupación y frustración ante lo que consideran una falta de atención por parte del gobierno. En un comunicado conjunto, calificaron la inacción gubernamental como “irresponsable” y urgieron a tomar medidas concretas para evitar el colapso total de la industria.
En este contexto, queda claro que la situación actual demanda una respuesta decidida por parte de las autoridades, que deben considerar el impacto económico y social de la crisis pesquera. De lo contrario, las consecuencias podrían ser devastadoras para miles de familias uruguayas que dependen de esta industria para su sustento.
Los desafíos que enfrenta la industria pesquera uruguaya son complejos y requieren una acción coordinada entre el gobierno, las empresas del sector y los trabajadores. Es fundamental buscar soluciones a corto y largo plazo que permitan revitalizar la actividad pesquera y garantizar su viabilidad en el futuro.
