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la opositora Cristiana Chamorro está incomunicada y aislada en su arresto domiciliario

Cristiana Chamorro Barrios, la figura de la oposición en Nicaragua con mayor probabilidad de presentarse y ganar las elecciones de noviembre, en las que el presidente Daniel Ortega busca una nueva reelección, amaneció este jueves incomunicada, bajo vigilancia policial y en arresto domiciliario, informaron fuentes allegadas a la líder política.

La opositora, acusada por el Ministerio Público por un caso de presunto lavado de dinero y por el que ha sido inhabilitada por la Justicia para participar en la contienda electoral bajo el argumento de “no estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos”, está incomunicada y aislada, dijo a la agencia EFE el equipo de prensa de Chamorro Barrios.

La policía irrumpió en la casa de Chamorro en Managua y dispuso un cordón de seguridad alrededor del edificio. Su equipo de comunicación prometió mayores detalles cuando tengan mayor información.

La cuenta oficial de Twitter de la hija de la ex mandataria Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997), @chamorrocris, sigue activa, aunque sin publicar mensajes desde la noche del martes, cuando escribió: “No soy candidata oficial y pretenden inhibirme. Qué miedo le tienen al cambio. Unida, Nicaragua volverá a ser República”.

La periodista y líder opositora Cristiana Chamorro busca presentarse a las elecciones presidenciales de noviembre en Nicaragua. Foto: AFP

La periodista y líder opositora Cristiana Chamorro busca presentarse a las elecciones presidenciales de noviembre en Nicaragua. Foto: AFP

Uno de sus hermanos, el periodista Carlos Fernando Chamorro, explicó que la precandidata, contra quien se dictó una orden de detención por el caso de presunto lavado de dinero, fue dejada bajo “arresto domiciliario” después “de más de cinco horas de allanamiento policial”.

Registro y arresto

La Policía de Nicaragua registró el miércoles la vivienda de la aspirante opositora a la presidencia y la mantiene ocupada, sostuvo Carlos Fernando Chamorro, galardonado como el premio Ortega y Gasset 2021 y quien dirige un grupo de medios críticos con el gobierno sandinista.

La jueza Karen Chavarría Morales, titular del Noveno de Distrito Penal de Audiencia de Managua, giró el miércoles una orden de registro y detención contra Chamorro Barrios, que dirigió la ONG Fundación Violeta Barrios de Chamorro hasta febrero pasado, cuando cerró.

La jueza también ordenó dar el trámite de ley al proceso judicial, y “una vez aprehendida y puesta a la orden de la autoridad judicial, a la acusada se le realizará la respectiva audiencia”.

En tanto, el Juzgado Quinto de Distrito de lo Penal de Audiencias Circunscripción Managua resolvió “a lugar a las medidas precautelares solicitadas por el Ministerio Público” en contra de Chamorro Barrios, acusada por los delitos de gestión abusiva, falsedad ideológica, ambos en concurso real con lavado de dinero, bienes y activos.

Piden la inhabilitación

La Fiscalía, que dirige la ex guerrillera sandinista Ana Julia Guido, pidió la inhabilitación para cargos públicos a Chamorro Barrios, una periodista de 67 años, quien hace dos días solicitó a la opositora Alianza Ciudadanos por la Libertad (CxL) su inclusión como precandidata presidencial para los comicios generales del 7 de noviembre.

La Justicia también le dictó retención migratoria y le prohibió concurrir a determinadas reuniones o lugares relacionados con los hechos que se investigan por lo que “deberá abstenerse de asistir a cualquier tipo de reuniones o actividades por la gravedad de los delitos investigados”.

Según el Ministerio de Gobernación, la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, dedicada a la protección y promoción de la libertad de prensa y de expresión, “incumplió gravemente sus obligaciones ante el Ente Regulador, y del análisis de los Estados Financieros, período 2015-2019, se obtuvieron claros indicios de lavado de dinero”, por lo que se “ha informado al Ministerio Público para (abrir) la investigación correspondiente”.

Por ese caso, la Fiscalía llamó a declarar en calidad de testigos a una veintena de periodistas, y también al escritor, novelista y ex vicepresidente de Nicaragua Sergio Ramírez Mercado en su calidad de representante legal de la ONG Fundación Luisa Mercado, que mantuvo relación con la Fundación Violeta Barrios de Chamorro.

Familiares y allegados de Cristiana Chamorro son expulsados por agentes antimotines, frente a la casa de la líder opositora, este jueves en Managua. Foto: EFE

Familiares y allegados de Cristiana Chamorro son expulsados por agentes antimotines, frente a la casa de la líder opositora, este jueves en Managua. Foto: EFE

Fuerte condena internacional al arresto

Organizaciones defensoras de los derechos humanos de todo el mundo condenaron de inmediato la detención de Chamorro.

El director ejecutivo para las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, pidió a Estados Unidos y a la Unión Europea que “condene con una sola voz este plan para impedir el desarrollo de elecciones democráticas”.

La Organización de los Estados Americanos (OEA) sostuvo, en relación a la inhabilitación de Chamorro, que “acciones como esta privan de cualquier credibilidad política al gobierno y a los organizadores del proceso electoral”.

La detención fue también condenada por la oficina de la representante de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet; del ministerio del Exterior de Canadá y por el presidente de Panamá, Juan Carlos Varela.

En tanto, la relatora especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos, Mary Lawlor, exhortó este jueves al gobierno de Nicaragua a “poner fin a los crecientes ataques y a los arrestos arbitrarios contra los defensores de los derechos humanos” en el país.

En un comunicado, la oficina del Alto Comisariado de la ONU para los Derechos Humanos subrayó que “una nueva oleada de arrestos y ataques por parte de las fuerzas de seguridad del Estado se desencadenó en el marco del tercer aniversario de las manifestaciones iniciadas en abril de 2018 contra las reformas del sistema de seguridad social, la falta de respuesta del Estado al incendio en la Reserva Natural Indio Maíz y en respuesta a la violenta represión de manifestantes”.

“Nicaragua no debería criminalizar prácticas legítimas como la participación en protestas pacíficas, sobre todo si los defensores enfrentan una detención prolongada”, afirmó Lawlor.

Fuente: EFE y ANSA

CB




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