Política

Justicia confirmó uno de los fallos que obliga al Estado a dar una vivienda a familia desalojada

La Justicia desestimó una de las tres apelaciones que presentó días atrás el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT), luego de que les fuera concedido un recurso de amparo a tres familias que habían recibido una orden de desalojo de las viviendas que ocupaban en el asentamiento Nuevo Comienzo, en el marco de una investigación penal por usurpación y robo de energía eléctrica.

 

El abogado Juan Ceretta, docente del consultorio jurídico de la Universidad de la República (Udelar) y asesor de las familias demandantes, publicó en su cuenta de twitter el final de la sentencia del Tribunal de Apelaciones de Familia de 2º Turno. Allí, el fallo firmado por los ministros Alicia Martínez, Eduardo Cavalli y Álvaro Messere, concluye que la familia que presentó la demanda “tenía vulnerado su derecho a vivir en una vivienda adecuada y por consiguiente su derecho a una vida digna”. Y califican además de “ilegitimidad manifiesta derivada de la omisión estatal” a la actuación de las autoridades públicas.

Al confirmarse el fallo en primera instancia, la cartera de vivienda mantiene la obligación de otorgar una vivienda a la familia desalojada del asentamiento. Esto ya había sido cumplido por la Secretaría y no iba a dar marcha atrás si la nueva sentencia era desfavorable, como lo afirmó la ministra Irene Moreira a El Observador. “Tendríamos el derecho si se revierte la sentencia pero dada la situación tan sensible no lo vamos a hacer“, había dicho la ministra, quien sin embargo criticó: “Es una situación que conozco porque tuvimos contacto con los dueños del terreno, con las personas del asentamiento y también con la Intendencia. Se puso una comisión que intervino para dar información de cómo acceder al techo propio. Ninguna familia se presentó como para dar inicio a un expediente”.

El argumento del Estado, representado en este caso por el MVOT, radica sobre todo en el “mensaje” que da la Justicia al otorgar viviendas a personas que fueron desalojadas producto de la intervención de la Justicia Penal, y a la capacidad de la cartera de responder a varios recursos de amparo en este sentido que pueden continuar presentándose.

“¿Qué mensaje dejamos? Acá hay un delito tipificado, que es el de usurpación que está en sede penal, entonces el mensaje que damos es ve, ponte en un terreno privado, cuando la justicia penal va a actuar pongo un recurso de amparo y te damos la solución de la casa. ¿Vamos por este camino o cumplimos con el que realmente tenemos que hacer? Eso preocupa y además preocupa que al no tener ese stock de vivienda, ¿qué pasa si me caen 20  fallos? No voy a poder cumplir porque una casa no se hace en 24 horas”, afirmó la jerarca el 18 de abril.

Los fallos obligaron al Estado a “brindar de forma inmediata una solución habitacional” para las familias afectadas, en el entendido de que han sido vulnerados derechos fundamentales –como el propio acceso a la vivienda– y que las víctimas no podían cumplir con el desalojo dispuesto por la Justicia Penal porque quedarían “en situación de calle” y durante “el peor momento de la pandemia (por el) covid-19”, como se recogía en una de las sentencias.

Según la Justicia, ante esta situación el Estado está obligado ahora a otorgar “una vivienda digna, con estabilidad en cuanto a la tenencia y que no implique de modo alguno separar a los integrantes que conforman el núcleo familiar“, como al menos lo había dejado explícito el juez Daniel Erserguer, que junto al firmado por Liliana Brusales también fue apelado.

Por la situación de estas familias y otras que totalizan una veintena, se pronunció en febrero el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, que había pedido entonces al Estado uruguayo que suspendiera los desalojos en ese lugar y que ofreciera una alternativa habitacional a los damnificados.




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