Uruguay

Fiscal descartó delito en el programa “Familia Articulada” por el que se indagó a directora del Mides

El fiscal Luis Pacheco volvió a determinar que no hubo responsabilidad penal en la actuación del programa Familia Articulada de la sociedad civil Seamos, que instrumentaba un mecanismo para que hijos de padres con discapacidad entregaran la tenencia de esos menores a una otra familia. Por esta causa, iniciada en 2015 cuando se hizo la primera denuncia, fue indagada Gabriela Bazzano –entre otros involucrados–, referente en ese momento de la organización, y actual directora del Programa Nacional de Discapacidad (Pronadis) y de la Secretaría de Cuidados del Ministerio de Desarrollo Social.

Fuentes judiciales confirmaron a El Observador que Pacheco tomó la resolución luego de revisar durante aproximadamente un mes la propia investigación que él había decidido archivar en 2017, al no haber encontrado “indicios de la existencia de hechos con apariencia delictiva”.

Ahora, y tras la solicitud de la reapertura de la causa en diciembre pasado por parte de un grupo de legisladoras del Frente Amplio, Pacheco opinó que los hechos no cambiaron. Según contaron las fuentes, la posición del fiscal es que si bien a su criterio “es discutible la validez del consentimiento” otorgado por los padres que aceptaban por escrito que sus hijos fueron acogidos por otras familias, la revisión de lo ocurrido debería plantearse ante un juzgado de Familia y no en un tribunal penal. Ahora, será la Justicia la que deberá refrendar o no el dictamen de Pacheco.

Gabriela Bazzano fue indagada en la causa, archivada en 2017

En su resolución de 2017, el fiscal había fundamentado que en todos los casos las adopciones estaban respaldadas por una sede de Familia que permitía el cambio de las tenencias basado siempre en el artículo 36 del Código de la Niñez y la Adolescencia. “En ningún caso la solución era clandestina, o podía ser interpretada como una ‘adopción’ ilegal, sino que además de la homologación judicial, el sistema estaba en conocimiento de otros organismos públicos”, consideró Pacheco en aquel dictamen.

La causa judicial se abrió en 2015, cuando el INAU y el hospital Pereira Rossell presentaron una denuncia. De acuerdo a un informe publicado por La Diaria, en esa instancia las autoridades advirtieron que una usuaria de Seamos, que días atrás había parido a su hija, se fue del centro hospitalario junto a otras dos personas, sin el alta médica de la niña y con una vía colocada.

A partir de allí se desplegó una investigación extensa, ante la “posible venta irregular de recién nacidos”. Participaron Interpol y tres fiscales especializados, que ordenaron varias medidas, como escuchas telefónicas, hasta que finalmente el caso se archivó, dos años después.

El 9 de diciembre de 2020, Bazzano fue entrevistada por este tema en el programa Desayunos Informales, de Canal 12, en donde defendió su proyecto. “El programa de Familia Articulada surge como un pienso después de mucho tiempo en conversación con la academia y el Estado, para buscar una solución que no había para padres con discapacidad que no querían ser desvinculados de sus hijos”, afirmó la actual jerarca del Mides. “Eran egresados de Aldeas Infantiles de Florida y encontramos una solución en ese hogar donde gurises que no tenían recursos económicos y pensión por discapacidad vivían en el hogar comunitario que nosotros armamos”, agregó.

La senadora frenteamplista Silvia Nane –una de las legisladoras de la oposición que solicitaron la revisión de la causa– escribió en su cuenta de Twitter el 24 de ese mismo mes que entendía que el mecanismo ideado por Bazzano produjo “delitos de abuso de inferioridad psicológica de los menores y los incapaces (art. 350 CP) y complicidad en el delito de ‘asistencia y consejo desleal. (Art. 194)“.

“Entendemos que existen elementos para reanudar la denuncia que no fueron considerados, como el consentimiento brindado relativo a las tenencias de sus hijos e hijas por personas que se encontraban en situación de vulnerabilidad y dependencia”, afirmó la legisladora. “También es necesario investigar el alcance del asesoramiento brindado por los abogados y abogadas que participaron en los procesos que efectivizaron las tenencias”, añadió

“Queremos que se investiguen todos los elementos, ya que consideramos que se pudieron haber violentado derechos fundamentales de personas que se encuentran en clara situación de vulnerabilidad ante el asesoramiento y asistencia de la ONG que dirigía Bazzano”, concluyó.

El Ministerio de Desarrollo Social apoyó a Bazzano luego de que se conocieran las denuncias y que desde el FA se pidiera su destitución. “No hay absolutamente ningún elemento para separarla del cargo”, señaló el ministro Pablo Bartol en ese momento.




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