Política

“Están a tiempo de desdecirse”

La directora del Programa Nacional de Discapacidad (Pronadis) y de la Secretaría de Cuidados del Ministerio de Desarrollo Social, Gabriela Bazzano, dijo que espera “unas disculpas” por parte de las legisladoras del Frente Amplio que solicitaron en diciembre la reapertura de la investigación en torno al programa de adopciones Familia Articulada. El fiscal Luis Pacheco, que analizó la causa archivada en 2017, entendió nuevamente que no hubo responsabilidad penal en la conducta de Bazzano –referente del programa, que funcionaba en la órbita de la organización Seamos– ni de la de ninguno de los involucrados en esas adopciones de niños nacidos de padres con discapacidad.

Esas personas están a tiempo de desdecirse o de repente de pedir unas disculpas, porque todos nos podemos equivocar”, dijo este martes la actual jerarca del Mides, entrevistada por Radio Universal. Y afirmó además que analizaba con sus “asesores” la posibilidad de demandar a las legisladoras de la coalición de izquierda. 

“Ahora, frente a la vista de que no era como pensaban, pueden disculparse, y creo que a nosotros como sociedad nos vendría muy bien”, añadió.

El Observador informó este martes que Pacheco tomó la resolución luego de revisar durante aproximadamente un mes la propia investigación que él había decidido hace cuatro años, al no haber encontrado “indicios de la existencia de hechos con apariencia delictiva”.

Ahora, y tras la solicitud de la reapertura, Pacheco opinó que los hechos no cambiaron, y que si bien a su criterio “es discutible la validez del consentimiento” otorgado por los padres que aceptaban por escrito que sus hijos fueron acogidos por otras familias, la revisión de lo ocurrido debería plantearse ante un juzgado de Familia y no en un tribunal penal.

El exdirector de Secretaría del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), Nicolás Martinelli, también exigió este martes las “disculpas públicas” de las denunciantes, ya que consideró que Bazzano “fue víctima de una feroz campaña de difamación, por parte del Frente Amplio, de la que se hicieron eco ciertos medios de izquierda y algunas organizaciones sociales”, por lo que ahora “corresponden disculpas públicas”.

“Desde el FA se cuestionó el actuar de la Justicia, anteponiendo lo político por encima de lo jurídico. Estas cosas le hacen mucho daño al sistema. Sin perjuicio de que ahora hay que mirar hacia adelante, a los agravios públicos corresponden disculpas públicas”, afirmó Martinelli, hoy en funciones como asesor directo del presidente Luis Lacalle Pou en Torre Ejecutiva.

La senadora Silvia Nane –que junto a Sandra Lazo y la diputada Ana Olivera firmó la solicitud del desarchivo—, escribió en su cuenta de Twitter el 24 de diciembre que entendía que el mecanismo ideado por Bazzano produjo “delitos de abuso de inferioridad psicológica de los menores y los incapaces (art. 350 CP) y complicidad en el delito de ‘asistencia y consejo desleal. (Art. 194)“.

Por esa razón, el FA también había pedido la destitución de Bazzano, quien recibió de inmediato el respaldo del ministro Pablo Bartol. “No hay absolutamente ningún elemento para separarla del cargo”, señaló el ministro por esos días.




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