Uruguay

Diputado colorado preguntó a la Justicia si va a investigar al juez Recarey por su fallo sobre la vacunación en niños

[ad_1]

A casi dos semanas de la suspensión de la vacunación contra covid-19 en niños —y mientras en la Justicia continúa el trámite de apelación que presentó el Ejecutivo— el polémico fallo del juez Alejandro Recarey sigue dando que hablar. Ahora llegó al Poder Legislativo.

El diputado colorado Felipe Schipani elevó una consulta para conocer, de primera mano, si la Suprema Corte de Justicia abrió (o iniciará) una investigación administrativa por presuntos “actos irregulares o ilícitos” llevados adelante por el juez Recarey.

“El Poder Ejecutivo ha dado a publicidad los términos de su contestación a la demanda de amparo, denunciando prejuzgamiento del citado magistrado y ausencia de imparcialidad de este, señalando el exceso de la medida provisional dispuesta de suspensión de la campaña de vacunación, configurando una infundada intromisión en las competencia del Poder Ejecutivo con potencial de lesionar gravemente el efectivo ejercicio de las competencias de gobierno en protección del interés público relativo a la salud de los habitantes de la República. En el mencionado escrito se transcriben opiniones vertidas con anterioridad por el Dr. Recarey, cuestionando las disposiciones sanitarias adoptadas, criticando el rol de la que ocupó la ciencia en el marco de la pandemia, así como los contratos firmados por el gobierno para la adquisición de las vacunas, los laboratorios y las cláusulas de confidencialidad”, reza el pedido de información que elevó el representante colorado.

En la misiva agrega que el programa Santo y Seña advirtió sobre el interés del juez Recarey de presentarse por trabajar durante la feria judicial, el mismo día en que fueron presentados dos recursos de amparo contra las políticas anti covid-19 (a la suspensión de la vacunación pediátrica se le sumó la autorización para el ingreso al país de dos personas sin testeo previo).

«A los magistrados les está prohibido, bajo pena de inmediata destitución, dirigir, defender o tramitar asuntos judiciales, o intervenir, fuera de su obligación funcional, de cualquier modo en ellos, aunque sean de jurisdicción voluntaria. La transgresión será declarada de oficio en cuanto se manifieste», justifica el diputado Schipani citando al marco jurídico vigente. Y agrega: “se solicita a la Suprema Corte de Justicia tenga a bien informar si ha dispuesto o tiene previsto instruir una investigación administrativa tendiente a la averiguación de la verdad con el propósito de descartar o verificar la ocurrencia de actos irregulares o ilícitos en el servicio de administración de justicia vinculados a los hechos de referencia denunciados públicamente y que se citan sintéticamente en el presente pedido de informes”.



[ad_2]
Fuente

Publicaciones relacionadas

Botón volver arriba