Política

A Ganar, la ONG que fue sumando convenios en el Estado y que el FA acusa de “fundación amiga” del gobierno

El grupo de jóvenes que desembarcó en las playas de Punta del Este este verano para recordarles a los veraneantes la importancia de mantener distancia y entregarles un folleto con el protocolo sanitario, había sido contratado y seleccionado por la fundación A Ganar, una ONG que hoy está presente en gran parte del país. 

Maldonado es uno de los 11 departamentos  con los que la organización tiene vínculos actualmente. A nivel nacional, mantiene contratos con el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Transporte, Primaria, Inefop y la Secretaría Nacional de Deportes (SND). 

Pero pese a mantener un crecimiento constante desde su fundación, en 2005, los últimos convenios firmados con el cambio de gobierno, sobre todo aquellos con intendencias a cargo de dirigentes blancos, han despertado críticas y cuestionamientos por parte del Frente Amplio.

La coalición de izquierda acusa a la organización de ser “una especie de fundación amiga” del gobierno, según dijo a El Observador el diputado del Movimiento de Participación Popular Daniel Caggiani, que el 18 de febrero de este año tramitó un pedido de informes en el Parlamento ante todos los ministerios y al menos 13 intendencias, para averiguar si todos tiene o tuvieron vínculos existen con la ONG. Y, de haberlos tenido en algún momento, pidió que se detallaran los contratos. Aún no obtuvo respuestas.

“Nos preocupa que a partir de posibles vínculos personales y partidarios puedan tener una mayor incidencia en vínculos contractuales con las instituciones públicas”, dijo ahora el diputado. 

La representante frenteamplista Micaela Melgar también cursó el año pasado un pedido de informes al Ministerio de Desarrollo Social, para saber cómo y en qué condiciones A Ganar se hizo cargo de la gestión de algunos refugios para personas en situación de calle, y de la administración del hotel Urban, dispuesto también para alojar a los desamparados en invierno y durante la emergencia sanitaria.

Le respondieron que los recursos humanos dedicados a esas tareas fueron los mismos que ya se estaban empleado en un convenio de la fundación con la Secretaría Nacional del Deporte (SND).

El director ejecutivo de A Ganar es Alejandro Rico, titular del Instituto Nacional de la Juventud en representación del Partido Nacional entre 2000 y 2003, durante el gobierno de Jorge Batlle. La presidenta de A Ganar es María Magdalena Secco, esposa de Ignacio de Posadas, ministro de Economía entre 1992 y 1995, en el gobierno del presidente blanco Luis Alberto Lacalle. La subdirectora de la organización es Verónica Martínez, hermana del secretario privado del presidente Luis Lacale Pou, y de  Valentín Martínez, secretario general de la Intendencia de Rocha, con quien la ONG tiene convenio firmado desde marzo de este año. 

Este asunto fue denunciado en la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) por otro diputado frenteamplista, Daniel Tinaglini, quien el mismo día también solicitó informes al Tribunal de Cuentas de la República, ya que –a su criterio– , la licitación de la intendencia rochense “limitó la posibilidad de que se presentaran otras organizaciones sociales”, según escribió el 5 de febrero en su cuenta de Twitter. Tampoco obtuvo respuestas hasta el momento.

Rico respondió a lo que se plantea desde el FA: “Se quieren construir historias fantásticas, que necesariamente tienen que tener olor a podrido, y no importan estos 16 años de trabajo, ni el hecho de que nos haya elegido una infinidad de veces el gobierno del mismo partido que ahora nos critica”.

El intendente de Rocha, Alejo Umpiérrez, dio una respuesta similar a La Diaria el 9 de febrero, cuando fue consultado por estos cuestionamientos al firmar un nuevo convenio con ellos para la temporada estival: “Esta fundación tiene cerca de 15 años de creación y trabajó siempre para diversos organismos en los gobiernos del Frente Amplio y nunca fue objetada en ninguna parte”, dijo.

Crecimiento

En un documento institucional de A Ganar, fundada en 2005, dice que su “objetivo fundamental (es) promover el desarrollo económico, social y cultural del ser humano, con particular foco en jóvenes en situación de riesgo social, a través del apoyo, en todas las formas posibles, a la educación y a la capacitación de líderes comunitarios, utilizando en prácticamente todas sus iniciativas, el enorme poder transformador del deporte y de las nuevas tecnologías”.

El crecimiento no fue “una cosa abrupta de un año a otro”, dice Rico, sino que representó “una curva ascendente”, que comenzó con acuerdos con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para ejecutar programas que estimularan el deporte entre jóvenes.

La Secretaría de Deportes le cedió en comodato en 2018 el local donde funciona su sede

Fue así como, en 2009, se firmó el primero de una serie de convenios con la SND, cuando estaba dirigido por Fernando Cáceres. Bajo su segunda administración –durante la presidencia de Tabaré Vázquez–, les entregó en comodato la sede central de la Fundación en Montevideo, que es un predio de la SND sobre bulevar Batlle y Ordoñez y avenida Italia. Según informó el actual gerente de la SND, Gerardo Lorente, el comodato con la ONG por el Centro de Combate, –así se llama el gimnasio donde se practican disciplinas de combate– fue firmado el 1º de agosto de 2018 por plazo de 2 años renovables automáticamente, sin fecha de caducidad. 

Lorente, que es quien se encarga hoy de resolver sobre las licitaciones, subrayó en ese sentido que “con la gestión anterior AG tuvo mucho más contratos por más precio” que los que tiene actualmente, y que la cesión de la sede fue con condiciones que él no hubiera aceptado. “Lo tiene de forma gratuita en un comodato y encima la SND le pagaba 300 mil pesos anuales para gastos. No comparto que sea gratis, estamos perdiendo un espacio, pero les dije que no se lo voy a sacar porque hay un contrato firmado”, aseguró. 

Cáceres dijo que no es cierto que sea gratuito porque a cambio AG administra el predio y paga por custodiarlo, y que además el convenio puede revocarse.

Pero el vínculo entre la organización y la secretaría continuó profundizándose con el cambio de gobierno, y se intensificó en los últimos meses. 

La SND le asignó cuatro licitaciones entre octubre de 2020 y enero de 2021 para encargarse del mantenimiento de distintas dependencias, según informó Brecha el 19 de marzo, y está en trámite una quinta en la que A Ganar compite con la organización salesiana Tacuru, y con El Abrojo. Se trató de la licitación pública 1/2020 por la que convocó a encargarse de la limpieza y mantenimiento de las plazas de Deportes.

Una licitación con idas y vueltas

La licitación que lanzó la Secretaría de Deportes (SND) en octubre de 2020 entre ONG para desarrollar tareas de auxiliares de servicio, cocinero y portero en distintas dependencias del organismo, después de seis meses aún no ha sido asignada. La competencia entre A Ganar, Tacurú y El Abrojo tuvo una serie de idas y venidas, incluso recursos judiciales. 

Las tres ONG venían cumpliendo con esta tarea en los últimos años en distintos locales. Gerardo Lorente, gerente de la SND, dijo que al asumir en marzo de 2020 se encontraron con que las ONG no competían, sino que una se presentaba en unos departamentos y otras en otros, pero en algunos programas había “exceso de personal”. Con respecto a este caso afirmó que “Tacurú cometió irregularidades e incumplimientos con el pliego” y “hubiera correspondido dejarla afuera”, en relación a que no acreditó la representación de la persona que presentó la oferta. La ONG planteó un recurso de amparo y se acordó ante el juez darle 48 horas para solucionar el tema administrativo.

El director de Tacuru, padre Néstor Castell, dijo a El Observador que están “muy agradecidos” con la secretaría por el trabajo que han podido desarrollar estos años pero que ahora “están preocupados”. Un tercio de sus ingresos depende de este convenio para seguir con el trabajo que realizan en Casavalle. Según el pliego, 60 de los 100 puntos los tendrá la oferta más económica. A Ganar fue la que ofertó mejores precios.

Alejandro López, educador de Tacuru, destacó la importancia de “invertir en la pobreza para transformar determinadas condiciones de vida de la gente”. Señaló que los jóvenes a los que le dan trabajo a través de este convenio, “llegan con trayectorias de vida muy accidentadas y uno trata de reforzar mecanismos para que el joven resignifique su historia. Al perderse este tipo de oportunidad laboral el joven se pierde la posibilidad de salir de las condiciones de riesgo extremo en las que vive. No es un capricho, es invertir en la transformación de esos jóvenes”, manifestó.

Únicos oferentes

Al finalizar el gobierno del Frente Amplio, la fundación tenía representación en nueve departamentos –Montevideo, Canelones, Maldonado, Rocha, Lavalleja, Treinta y Tres, Cerro Largo, Rivera y Tacuarembó–, y tras el cambio de gobierno se firmaron convenios con las intendencias de Paysandú y Durazno –por lo que sumaron 11 departamentos–, y se hicieron nuevos acuerdos en Maldonado y Rocha. 

En algunos casos, la oposición frenteamplista criticó que la fundación haya sido el único oferente, o que anunciaran en su página web que desembarcaban en los departamentos cuando aún no estaba anunciada la decisión oficial, como ocurrió en Paysandú. A Ganar publicó en su web el 2 de enero que empezaban a trabajar en el departamento, cuando el llamado había cerrado el 30 de diciembre.

Rico dijo que eso no es cierto, que “lo grave sería que fuera comunicado una semana antes” de la adjudicación, y que lo que hace la fundación es “comunicar al mismo tiempo” que se toman las decisiones.

Durante los 15 años del Frente Amplio fuimos los únicos oferentes en varias licitaciones, que también tenían una semana de plazo, ¿y ahí no pasaba nada?”, preguntó el director ejecutivo de A Ganar. Y sobre las ocasiones en que no tuvieron competencia, agregó: “Es muy habitual que en determinados temas muy específicos, tampoco haya tantas organizaciones que puedan dar los servicios”.

En Paysandú, la polémica llegó hasta el directorio del Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU), porque la directora en representación del Frente Amplio, Natalia Argenzio, se opuso en forma tajante al convenio firmado a fines del año pasado entre la ONG y Paysandú para gestionar los centros CAIF. Argumentó que esa decisión violaba el reglamento general de convenios vigente. Sin embargo, tanto el presidente del INAU, el nacionalista Pablo Abdala, como el director Aldo Velázquez –de Cabildo Abierto– no compartieron el cuestionamiento, por lo que el reclamo se desestimó.

Abdala defendió la posición de la mayoría del directorio:”El resultado fue positivo. La atención a los niños se mantuvo, e incluso mejoró la administración, porque la gestión de la intendencia había sido deficitaria”.

En los registros de la fundación, que mostraron a El Observador, también consta que durante 2020 se presentaron a otras ocho licitaciones –dos de Educación Inicial y Primaria, MTOP, en el Mides, Cancillería, Ministerio de Economía, Ministerio de Turismo y la Junta Departamental de Montevideo– en las que resultó ganadora otra organización, algo que para Rico aporta objetividad a la discusión.

Las ventajas que A Ganar suele mostrar frente a otras organizaciones es que funciona como “agencia de colocación que cobra más barato”, resumió Lorente, de la Secretaría del Deporte. “Necesitás urgente cinco guardavidas, los llamas y te los consiguen”, concluyó.

 




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